San Luis Potosí, S.L.P.— La comparecencia de la titular de la Secretaría de las Mujeres ante el Congreso del Estado dejó más cuestionamientos que respuestas, luego de que la diputada Gabriela Torres señalara que el Gobierno de San Luis Potosí contabilizó programas sociales federales entre los resultados de su política estatal de bienestar e igualdad de género, sin transparentar cuál fue su aportación económica.
El reclamo de la legisladora surgió de la revisión del propio informe gubernamental, en cuyo Anexo Programático, Tomo I, páginas 324 a 383, aparecen programas como Pensión Mujeres Bienestar, Pensión para Personas Adultas Mayores y Jóvenes Construyendo el Futuro, todos correspondientes a políticas públicas impulsadas desde la Federación.
Torres cuestionó bajo qué criterios fueron incorporados estos apoyos a los resultados estatales, particularmente porque las cifras presentadas no contienen un desglose que permita identificar cuánto dinero aporta el Gobierno de San Luis Potosí y cuánto corresponde exclusivamente al presupuesto federal.
La diputada aclaró que no desconoce la posibilidad de que existan esquemas de colaboración entre ambos órdenes de gobierno. Sin embargo, sostuvo que estos deben estar debidamente identificados, como ocurre con la pensión para personas con discapacidad permanente, donde sí existe un convenio de colaboración.
Lo que debía ser una explicación sobre el origen de los recursos terminó convirtiéndose en un desencuentro político. De acuerdo con la legisladora, la titular de la Secretaría de las Mujeres respondió a sus cuestionamientos señalando que no había prestado atención durante la comparecencia, comentario que consideró excesivo e impropio frente a una pregunta sustentada en documentación oficial.
«Me pareció un exceso por parte de la secretaria mencionar que no presté atención, sí la presté, al parecer ella no conoce el anexo; se lo haré llegar a su oficina», respondió Gabriela Torres mediante un posicionamiento público.
La legisladora insistió en que sus observaciones no surgieron de interpretaciones personales, sino de la información que el propio Ejecutivo estatal entregó como parte de su rendición de cuentas.
«No son datos que yo haya inventado o que me haya imaginado», expresó, al cuestionar lo que consideró un sesgo en la respuesta a una solicitud formulada desde su responsabilidad como integrante de la Comisión de Igualdad de Género.
El señalamiento coloca sobre la mesa un asunto de fondo: la diferencia entre informar cuántas personas reciben apoyos sociales en San Luis Potosí y acreditar cuáles de esos beneficios son resultado directo de las políticas, gestiones o inversiones del Gobierno del Estado.
Aunque la presencia de programas federales en un informe estatal no constituye por sí misma una irregularidad, la falta de claridad sobre el origen de los recursos puede dificultar la evaluación del desempeño de cada administración y generar una percepción equivocada sobre sus resultados.
En ese sentido, el cuestionamiento de Gabriela Torres apunta a una práctica que merece explicaciones: presentar cifras globales de bienestar sin distinguir con precisión qué parte corresponde a la Federación y cuál al Gobierno Estatal.
La diputada adelantó que enviará a la Secretaría de las Mujeres el apartado documental que sustenta sus observaciones, con la expectativa de obtener una respuesta que no recibió durante el ejercicio legislativo.
Mientras tanto, queda pendiente conocer los criterios utilizados para integrar estos programas al informe estatal y, sobre todo, determinar qué aportaciones concretas puede acreditar la administración potosina en los resultados que presenta como parte de su política de igualdad de género.
