San Luis Potosí, SLP.- El sistema penitenciario de San Luis Potosí ha registrado mejoras en infraestructura, atención y cumplimiento de estándares internacionales, aunque persiste el desafío de la sobrepoblación en los centros de reclusión, señaló Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPCE).
El funcionario explicó que los resultados del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), corresponden a las condiciones observadas durante 2025, por lo que consideró que no reflejan los cambios implementados en los meses recientes.
“Sí, es una evaluación que nos hace la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la hace de manera anual y aunque va como desfasado el resultado porque es del 2025. Entonces, nosotros pues obviamente ahorita actualmente hemos tenido muchos avances en esos centros penitenciarios. Por ejemplo, en el de Tancanhuitz, donde es femenino, estábamos certificándolo”, dijo al respecto.
Como parte de estos avances, Juárez Hernández destacó que el centro penitenciario femenil de Tancanhuitz alcanzó el cumplimiento total de los estándares establecidos por la Asociación de Correccionales Americanas (ACA), luego de concluir las tres etapas de revisión. Entre los aspectos evaluados se encuentran la capacitación del personal, el respeto a los derechos humanos, las condiciones de las instalaciones y el seguimiento de los expedientes de las personas privadas de la libertad.
“Acabamos de tener la última revisión, donde viene un supervisor americano y un supervisor mexicano y pasamos el 100% de los estándares. Son más de 100 estándares que tienen que ver con la actuación general de los centros penitenciarios, de profesionalización, de respeto a los derechos humanos, de seguimiento en los expedientes de las personas privadas de su libertad y diversos estándares”, añadió.
El secretario indicó que aún está pendiente la comparecencia correspondiente en Estados Unidos, donde se determinará si el penal obtiene la certificación. Precisó que las adecuaciones realizadas fueron financiadas con recursos federales del denominado socorro de ley, así como con aportaciones estatales para mejorar las instalaciones y los servicios que reciben las internas.
“Llevamos el 100% de estándares cumplidos, pues llevamos una alta probabilidad de que nos den la certificación de Tancanhuitz, lo cual quiere decir que ha habido muchas mejoras a partir del 2025. Ahí se aplicó todo el socorro de ley, arriba de 10 millones de pesos, tan solo del socorro de ley, más otra inversión del Estado para mejorar en todos los sentidos, en la actuación, en la infraestructura y en la atención por cada persona privada de su libertad en ese centro penitenciario”.
En cuanto a las observaciones de la CNDH sobre el funcionamiento de los penales, Juárez Hernández reconoció que la sobrepoblación representa uno de los principales problemas, pues actualmente hay más de 4 mil personas privadas de la libertad en el estado. Ante esta situación, aseguró que se trabaja para garantizar servicios básicos, atención médica y jurídica, además de impulsar acciones orientadas a la reinserción social.
“A pesar de que tenemos un excedente de población, nosotros trabajamos todos los días para cumplir con darles todos los elementos básicos, la alimentación, la atención médica, el derechos humanos, la jurídica, en todos los aspectos, inclusive la integración de sus expedientes para demostrarle a los juzgados que se está realizando una verdadera reinserción a la sociedad. Y estamos trabajando mucho en el tema de preliberaciones, por eso estamos constantemente revisando expedientes que en quien cumpla con estos requisitos puedan salir en libertad condicionada o libertad ya plenamente y en eso estamos trabajando duro”, enfatizó.
Finalmente, el titular de la SSPCE señaló que se analiza la construcción de un nuevo centro penitenciario en San Luis Potosí, proyecto anunciado por el gobernador del estado. Indicó que la nueva instalación podría contemplar un modelo de mayor seguridad, ante el incremento de personas detenidas durante los operativos contra grupos criminales y el combate a la venta de drogas.
