San Luis Potosí, S.L.P.- Con la abstención de Morena, el Congreso del Estado aprobó por mayoría una reforma constitucional que establece nuevos requisitos para quien busque ocupar la titularidad de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), aunque las modificaciones no tendrán efectos sobre la actual fiscal, María Manuela García Cázares.
Durante Sesión Extraordinaria, el Poder Legislativo avaló cambios al artículo 122 Bis de la Constitución Política del Estado, con los que se elimina la disposición que vinculaba los requisitos para encabezar la Fiscalía con aquellos establecidos para ocupar una Magistratura del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.
La modificación cobra relevancia después de la reforma al Poder Judicial, que cambió el modelo de integración de los órganos jurisdiccionales e incorporó mecanismos de elección popular para las personas juzgadoras. Ante este nuevo escenario, el Congreso consideró necesario evitar que futuras modificaciones a los requisitos de magistrados impacten automáticamente en la designación de quien encabece la Fiscalía.
Con la reforma, la Constitución establece directamente las condiciones que deberá cumplir la persona titular de la FGESLP, quien permanecerá siete años en el cargo y no tendrá posibilidad de reelección.
Entre los nuevos requisitos se encuentran ser mexicana o mexicano por nacimiento y tener al menos 35 años cumplidos al momento de la designación; contar con licenciatura en Derecho y cédula profesional con una antigüedad mínima de cinco años, así como acreditar por lo menos cinco años de trayectoria en el ejercicio jurídico, procuración de justicia, litigio, docencia, investigación jurídica, servicio público o asesoría legal.
También deberá haber residido en San Luis Potosí durante los dos años anteriores a su designación.
La reforma incorpora además restricciones relacionadas con antecedentes de violencia y responsabilidades administrativas. No podrá ocupar la Fiscalía quien tenga sentencia condenatoria firme por violencia familiar, delitos contra las mujeres por razón de género, delitos contra la libertad o seguridad sexual o contra el normal desarrollo psicosexual.
Tampoco podrán acceder al cargo quienes aparezcan en el padrón de personas deudoras alimentarias morosas, hayan sido sancionados mediante resolución firme por faltas administrativas graves o se encuentren en registros de servidores públicos inhabilitados.
En el terreno político también se establecieron candados: quien pretenda llegar a la Fiscalía no deberá haber ocupado el cargo de gobernador, diputado local o titular de una Presidencia Municipal durante el año inmediato anterior a su designación. Además, no podrá haber sido dirigente de algún partido político durante los tres años previos.
Uno de los puntos relevantes quedó establecido en el artículo tercero transitorio. La reforma señala expresamente que María Manuela García Cázares continuará al frente de la Fiscalía bajo las condiciones vigentes al momento de su toma de protesta, por lo que los nuevos requisitos de elegibilidad no podrán aplicársele de manera retroactiva.
El transitorio argumenta que esta disposición busca respetar los derechos adquiridos de la actual titular y garantizar la continuidad institucional del órgano autónomo.
La aprobación, sin embargo, no contó con respaldo unánime. Durante la discusión del dictamen, el diputado Emilio Rosas Montiel se manifestó en contra de la reforma a nombre del Grupo Parlamentario de Morena.
Con los cambios aprobados, San Luis Potosí tendrá por primera vez un catálogo constitucional propio de requisitos para encabezar la Fiscalía, independiente de las reglas establecidas para quienes integran el Supremo Tribunal de Justicia del Estado.
