En medio de la complejidad de laborar en un entorno de encierro, amenazas de los reos y un ambiente hostil, una evaluación de la situación de los oficiales penitenciarios permite esbozar la realidad que viven, sobre todo, los pendientes que tienen las autoridades para mejorar las condiciones laborales.
En el sistema penitenciario estatal de San Luis Potosí, el desarrollo institucional presenta diversas oportunidades de mejora, con una calificación final de -53 y un 92 por ciento de información proporcionada.
Así lo valoran los resultados del Índice de Transparencia sobre el Desarrollo de los Centros Penitenciarios (INTRAPEN), elaborado por la organización Impunidad Cero y coordinado por Causa en Común A.C.
La investigación sugiere incluir la carrera policial en el contenido del programa operativo anual ya que, a partir de esta planeación, las acciones en esta materia orientadas hacia el personal de seguridad y custodia permitirán un mejor desempeño de la corporación.
A su vez, es importante que la entidad fortalezca la regulación del sistema de promociones a través de la creación de un perfil de puesto con criterios claros y oficiales.
Comprobó que aspecto la Dirección General de Prevención y Reinserción Social de la SSPC debe fortalecer los instrumentos que conforman el sistema de carrera policial, pues no cuentan con alguno que tenga registro ante el SESNSP.
“Es indispensable que en años próximos se realice la promoción de grados para el personal de seguridad y custodia, pues esto permitirá fortalecer el estado de fuerza de la entidad”, recomendó.
Remarcó que, al clasificar como reservado el estado de fuerza y proporcionar la información únicamente en porcentajes, no fue posible realizar el cálculo referente a la tasa del personal penitenciario por población privada de libertad.
Urgió la realización de estudios de las necesidades de capacitación del servicio de seguridad y custodia, junto a una estrategia general de formación del policía penitenciario.
También es relevante que anualmente cuente con aspirantes que ingresen a los cursos de formación inicial, como también destinar presupuesto a dichos cursos.
En cuanto al régimen disciplinario, identificó que no se incluye en el contenido del Plan de Desarrollo Estatal vigente, lo cual supone dejar fuera un tema de suma relevancia en el sistema penitenciario.
Por cuestiones de seguridad, exhortó a brindar la opción de anonimato en los medios alternos para la recepción de quejas y denuncias, así como tener un protocolo para el inicio y desarrollo de investigaciones y de alerta temprana de conductas indebidas, de igual forma, realizar de forma periódica de inspecciones de campo en los penales.
Referente a la sanción de conductas indebidas, identificó algunas situaciones de suma relevancia, como es que la SSPC no cuenta con representación ciudadana en la Comisión de Honor y Justicia; además de que, durante las investigaciones iniciadas en contra de un elemento, éste no es notificado.
Debido a que el estado de fuerza se encuentra clasificado como reservado, reportó que no fue posible realizar los cálculos referidos a la cantidad de personal de psicología por cada 100 elementos de seguridad y custodia, como también en la tasa de quejas por presuntas violaciones de derechos humanos.
DETRÁS DE LAS REJAS
Respecto a las prestaciones, destacó que acorde con la respuesta emitida vía transparencia, el personal de seguridad y custodia no cuenta con seguro de salud, seguro de vida, servicios funerarios y régimen complementario.
Lamentó que, en la certificación no existe información o mención sobre este tema en el programa operativo anual y en esta materia la Ley estatal no se encuentra homologada respecto a la LGSNSP.
Asimismo, el personal de seguridad y custodia no tuvo descanso oficial y no presentaron certificados médicos al momento de realizar la evaluación de habilidades y destrezas.
De igual forma, durante el 2024 la Comisión de Servicio de Carrera no se instaló. Sumado a esto, no se cuenta con un manual de funcionamiento, plan de evaluación de desempeño y tampoco un sistema de registro de resultados de evaluación.
En lo que consideró algo de los más deficiente, acreditó que la Secretaria de Seguridad no cuenta con un protocolo para el uso de cámara corporal policial, ni con un manual de técnicas para el uso de la fuerza; tampoco existe un protocolo de actuación con perspectiva de género y para niñas, niños, adolescentes y protección de los derechos humanos.
