San Luis Potosí, SLP.- El colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros, integrado por familias de personas desaparecidas, decidió llevar al terreno judicial lo que el Congreso del Estado ha evadido durante años: la creación de una Fiscalía Especializada en Desapariciones. Desde 2017 la Ley General obliga a los congresos locales a instalar esta figura, pero en San Luis Potosí el mandato ha sido ignorado de manera sistemática.
La presidenta del colectivo, Edith Pérez Rodríguez, advirtió que el recurso de amparo indirecto fue presentado con el respaldo de la Clínica de Litigio Estratégico de la Maestría en Derechos Humanos de la UASLP, tras años de puertas cerradas y promesas incumplidas por parte de los diputados. Para ella, no se trata de un simple atraso legislativo, sino de una “omisión criminal” del Congreso.
“La omisión legislativa no es un descuido burocrático, es una forma de violencia institucional. Nos condena a más dolor, más incertidumbre y más impunidad”, expresó la activista, recordando que San Luis Potosí figura entre los seis estados del país que aún no cuentan con una fiscalía especializada pese a la crisis de desapariciones.
Pérez Rodríguez fue directa al señalar al diputado Fernando Gámez, a quien acusó de jugar con la esperanza de las familias. Relató que en un acto público le entregaron corazones de papel como símbolo del dolor que cargan, y que el legislador, conmovido hasta las lágrimas, prometió impulsar la fiscalía. “Recibió nuestros corazones rotos en sus manos, temblando, comprometiéndose a hacer todo lo que fuera necesario. Hoy no ha hecho nada. Fue una ofensa terrible, un compromiso roto más”, recriminó.
El colectivo también señaló la complicidad del Ejecutivo estatal, al acusar que desde Palacio de Gobierno se ha frenado cualquier avance, mientras la Subsecretaría de Gobierno se limita a simular diálogos. Incluso, en eventos oficiales de la Fiscalía y la Comisión Estatal de Búsqueda, las familias han entregado peticiones formales para crear la fiscalía sin que exista una respuesta real. A esto se suma la declaración de la fiscal general, María Manuela García, quien admitió que sin recursos no se puede avanzar, aunque la ley establece lo contrario.
El plazo federal para que los congresos armonizaran su legislación venció el pasado 15 de septiembre de 2025 sin que en San Luis Potosí se tomara acción alguna, lo que confirma el desdén legislativo. “El Congreso incumple la Constitución, los tratados internacionales y la Ley General. Mientras legislan rápido para negocios o intereses políticos, nos condenan a nosotras a la impunidad”, sentenció el colectivo.
Finalmente, Edith Pérez dejó claro que la confianza en los diputados está agotada, por lo que solo queda la vía judicial para obligarlos a cumplir con la ley. “Ya no queda espacio para la confianza moral. Si no actúan por voluntad, tendrán que hacerlo por la vía legal. Las desapariciones no admiten excusas porque vivos se los llevaron y vivos los queremos”, concluyó.
