San Luis Potosí, SLP. – Para preservar y proteger la actividad económica y las fuentes de trabajo en San Luis Potosí, el Congreso del Estado aprobó adiciones a la Ley de Desarrollo Económico Sustentable y la Competitividad que permitirán la implementación de esquemas estratégicos de apoyos para las Micros, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), en situaciones extraordinarias.
La iniciativa presentada por el diputado José Antonio Zapata Meraz, establece adicionar el artículo 70 BIS de la Ley para el Desarrollo Económico Sustentable y la Competitividad del Estado de San Luis Potosí, a fin de establecer que “en circunstancias que lo ameriten, y bajo la autorización del titular del Poder Ejecutivo del Estado, la Secretaría de Desarrollo Económico implementará esquemas estratégicos de apoyos para MIPYMES, que podrán incluir tanto aspectos fiscales como apoyos directos, de acuerdo con la situación”.
Desatacó que para ello se deberán establecer condiciones de accesibilidad de pago en créditos y obligaciones fiscales. “El esquema de apoyos se planeará e implementará en coordinación con el Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado, y para lo cual en materia de apoyos directos se podrá acceder a los fondos y recursos que resulten disponibles en el ejercicio en curso, tras la realización de un análisis que deberá ordenar el Ejecutivo a la Secretaría de Finanzas”.
De igual forma se contempló que la Secretaría de Desarrollo Económico difundirá las reglas aplicables a dichos esquemas, antes de la asignación de recursos, y tras efectuar ésta, deberá informar sobre los montos asignados, número total de apoyos asignados, y rubros beneficiados.
El legislador Zapata Meraz, indicó que se prevé que en materia de apoyos directos, se pueda acceder a los fondos y recursos que resulten disponibles en el ejercicio en curso, tras la realización de un análisis encargado por el Ejecutivo a la Secretaría de Finanzas. “De esa forma se plantea que se puedan canalizar recursos de diferentes orígenes, aunque el criterio de disponibilidad, implica que no se alteren ejercicios ya planificados por el gobierno estatal, en virtud de que el gasto público planificado también es un factor importante de crecimiento y derrama económica para la entidad”.
Como parte del análisis, se reconoció que “si bien la crisis actual desencadenada por el COVID-19, por su origen y algunos factores de su impacto es una crisis inédita en el mundo económico moderno, las medidas de protección a la economía de la entidad deben permanecer como una herramienta que se puede usar por parte de la autoridad estatal, para su aplicación en otro tipo de escenarios, siempre que se considere su necesidad atendiendo a la característica general y fija de la Ley”.
