San Luis Potosí, SLP. – Las diputadas y los diputados de la Comisión de Vigilancia sostuvieron una reunión con integrantes de la organización civil, Ciudadanos Observando para recibir la denuncia que formulan en relación con diversas irregularidades que han detectado en el uso de recursos públicos por los Servicios de Salud del Gobierno del Estado.
El diputado José Antonio Zapata Meraz, presidente de esta comisión legislativa, señaló que estos elementos de prueba proporcionados por la organización ciudadana serán enviados por la Comisión de Vigilancia a la Auditoría Superior del Estado, en alcance al acuerdo respectivo, para solicitar la apertura de la auditoría especial a varios ejercicios fiscales a la Secretaría de Salud, a efecto de que se realice lo conducente y se puedan esclarecer los señalamientos.
“Ante la mínima duda, la mayor transparencia y con esto vamos a dar certeza a la ciudadanía de que se están haciendo correctamente las cosas, en lo particular creo en las instituciones y creo que debemos exigirles el trabajo”, dijo el legislador.
Destacó la conformación de la Comisión de Vigilancia, en donde se encuentran representadas diversas fuerzas políticas, y donde se trabaja en que se brinden los resultados sobre el ejercicio de los recursos públicos.
A nombre de la organización civil, Ciudadanos Observando, José Guadalupe González expuso los resultados de la investigación que realizaron a la Secretaría de Salud por presuntos malos manejos en el ejercicio de recursos públicos, por la realización de contratos y adquisiciones con anomalías y a empresas irregulares, ligadas a Gabriel Salazar Soto, propietario de Grupo Infinite.
Dijo que los datos obtenidos para la realización de este análisis, están basados en las respuestas a las solicitudes que se presentaron vía transparencia a la propia Secretaría de Salud.
Los diputados Edgardo Hernández Contreras, Edson Quintanar y Martín Juárez, así como la diputada Marite Hernández Correa, manifestaron la disposición porque se realicen las investigaciones pertinentes por parte de la Auditoría Superior del Estado y en caso necesario, sancionar cualquier mal uso de recursos públicos
