¿Entonces quién fue o quién va pagar?… Colectivos se dicen víctimas del sistema y de represión

San Luis Potosí, SLP.- Integrantes de diversos colectivos y organizaciones de la sociedad civil denunciaron el «acecho conservador» que han sufrido a raíz de los hechos ocurridos el pasado viernes en el recinto del Congreso del Estado, en donde se detuvo a varias personas entre ellos dos activistas, una de ellas Roxana Hernández Herrera ya fue liberada, pero la otra de nombre Claudia Hernández Herrera, a pesar de que fue liberada tiene medidas de restricción y se le sigue un procedimiento por los delitos de daño a las cosas, daños a las cosas equiparado, y motín en coautoría.

En este sentido, Roxana Hernández, aseguró qué tanto su detención como la de su hermana Claudia fueron arbitrarias, y cuando las llevaron al edificio de Seguridad Pública del Estado sufrieron de agresiones por parte de los elementos policiacos estatales, por lo cual también se considera que hubo actos de tortura por lo cual se interpondrán las denuncias correspondientes ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Asimismo se denunció a «un puñado de fascistas» que irrumpieron con bombas molotov, petardos, y bats queriendo arrojar a todos los participantes a la vorágine, es ahí donde la activista Claudia Hernández actúa junto con otros jóvenes para rechazar esta línea de acción del llamado Frente Revolucionario Aliado Antirepresion (FRAAR), dirigido por un tal Alejandro Guerrero, de quién se advirtió se obtendrá su verdadera identidad, dado que aparece en el evento azuzando a lapidar las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, y del Congreso.

Se dejó en claro que existen innumerables videos y fotografías del evento donde observan a los instigadores de la violencia, inclusive se detecta la detención de algunos de ellos para luego no aparecer en la lista de procesados, pero se tienen a algunos perfectamente ubicados y esta información ya consta en las actuaciones de la vinculación a proceso de Claudia Hernández.

Finalmente, con todo esto, se apuntó que existen dos posibilidades desde que grupos de interés generaron las condiciones del evento para atacar la imagen del Gobernador del Estado, o es el mismo Gobierno desde el más alto nivel quién auspició la autoflagelación para desviar la atención de problemas de corrupción e incapacidad para atender el tema de la pandemia.